Contexto

La creciente presión ejercida sobre los Gobiernos y las empresas en favor de una mayor transparencia ha impulsado un giro mundial hacia requisitos reforzados de información relativa a la titularidad real. 

Este contexto ha llevado recientemente a la Unión Europea a revisar su régimen jurídico de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante la adopción de las Directivas Cuarta y Quinta sobre prevención del blanqueo de capitales. 

Mientras que la Directiva Cuarta establece la necesidad de que cada Estado miembro de la Unión Europea cuente con un registro central con información sobre los titulares reales de las empresas y otras entidades jurídicas, la Directiva Quinta da un paso más en el refuerzo de la transparencia al prever que dicho registro sea de acceso público. Este nuevo régimen de transparencia entrará en vigor en 2020.

Los recientes cambios introducidos en el régimen relativo a la transparencia sobre la titularidad real (beneficial ownership) afectan al modo en que las empresas informan sobre sus accionistas y al nivel de transparencia al que tiene acceso el público general. 

Ejemplos para gestores de activos

En Luxemburgo, donde el registro de titulares reales se implantó recientemente, todas las empresas —incluyendo los fondos de inversión y las sucursales luxemburguesas de entidades extranjeras— están sujetas a los nuevos requisitos de información. 

Las empresas han de aportar al registro los datos de sus titulares reales (nombre y apellidos, nacionalidad, lugar de nacimiento y país de residencia).

Ahora bien, el ámbito de la obligación de informar sobre los titulares reales no alcanza a todos los accionistas. El “titular real” (beneficial owner) se define como la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control de la misma. Cuando ninguna persona física posea un porcentaje superior al 25 por ciento, en el registro central deberá figurar el nombre de la persona que desempeñe el cargo de administrador principal de la empresa. 

En los fondos de inversión, esta definición de titular real se aplicará al nivel de la entidad jurídica global, o “paraguas” (umbrella), registrada.

Un ejemplo sencillo 

Se constituye en Luxemburgo un fondo dedicado con dos socios, cada uno de los cuales posee el 50 por ciento de las acciones. Ambos socios deberán comunicar sus datos personales al registro de titulares reales. La información así comunicada será de acceso público.  

Legislación de amplio alcance

Veamos esto con un ejemplo: un gestor de activos externo decide invertir por cuenta de uno de sus clientes en una sociedad luxemburguesa (p. ej. una empresa no cotizada o un fondo de inversión), de tal modo que el cliente en cuestión acaba controlando, directa o indirectamente, la sociedad (supongamos que el cliente ostenta más del 25% de los derechos de voto). El consejo de administración de la sociedad deberá comunicar la información personal del cliente al registro de titulares reales, y dicha información será de acceso público.  

Determinación en cascada de la titularidad a través de múltiples niveles

Supongamos que un cliente posee una sociedad de cartera o holding luxemburguesa que es propietaria de un fondo de inversión constituido en Luxemburgo, el cual invierte más de un 25% en una empresa no cotizada luxemburguesa (lo que equivale a más del 25% de los derechos de voto). Entonces, el consejo de administración de las tres entidades deberá comunicar al registro de titulares reales la información personal del cliente. En efecto, cada sociedad luxemburguesa está sujeta a la misma obligación de información, aplicándose el principio de transparencia para determinar el “titular real” (persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control de la misma).

Diferencia entre poseer el 25% de las acciones, el 25% de los activos bajo gestión y el 25% de los derechos de voto

Por ejemplo, si un cliente es el inversor único de un subfondo de una sociedad paraguas luxemburguesa, pero este subfondo (llamémoslo subfondo C) solo representa un 15% de los activos totales bajo gestión de la sociedad paraguas, la información sobre el cliente no habrá de comunicarse al registro de titulares reales. Pero si el número de acciones de este subfondo representa más del 25% del número total de acciones en circulación (es decir, el valor liquidativo/número de acciones es muy diferente entre los distintos subfondos componentes de la sociedad paraguas; subfondo C = 68%), la información del cliente sí habrá de comunicarse al registro de titulares reales. El razonamiento contrario también se aplica (en el caso de los subfondos A y B).

Si el capital de una sociedad incluye distintas clases de acciones (p. ej. con/sin derechos de voto), ello deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar quiénes son los titulares reales.

Control “por otros medios” de la entidad
 

Si una familia posee el 30% de una sociedad (padre: 10% - madre: 10% - hijo: 5% - hija: 5%), se les considerará titulares reales si actúan “de forma conjunta” durante las Juntas Generales de la sociedad —pese a que ninguno de los miembros de la familia posee directamente un porcentaje superior al 25%— puesto que ejercen el control de la sociedad “por otros medios”. Por tanto, los datos de todos los miembros de la familia deberán ser comunicados al registro de titulares reales.

Acceso a la información del Registro

La Directiva Quinta sobre prevención del blanqueo de capitales prevé que la información recabada por los registros de la Unión Europea sea de acceso público. Esto puede generar preocupación entre los inversores por sus implicaciones para la privacidad. 

Todo interesado gozará de acceso a la información recabada sobre el titular real, exceptuando determinada información, como el domicilio privado o profesional o el número de identificación fiscal. 

En casos excepcionales, se prevén eximentes a la obligación de facilitar acceso a la información que obre en el registro: por ejemplo, cuando dicho acceso exponga al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación, o bien cuando el titular real sea un menor o tenga alguna incapacidad legal por motivo distinto a la edad. Se garantizará que las autoridades nacionales dispongan de acceso ilimitado a toda la información del registro.

Además de una mayor transparencia sobre el titular real de las sociedades, la Directiva Quinta amplía el ámbito de aplicación de dicho régimen a los fideicomisos (trusts) y otras estructuras jurídicas. El registro recogerá información sobre el fideicomitente, el fideicomisario, el protector (de haberlo) y los beneficiarios o categoría de beneficiarios. Por ejemplo, Luxemburgo obliga a comunicar información sobre los titulares reales resultantes de acuerdos fiduciarios. En el caso de los fideicomisos y estructuras jurídicas similares, la información del registro estará a disposición de cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo.

Incumplir el deber de inscripción en el registro o proporcionar información inexacta, incompleta o no actualizada puede comportar multas de hasta 1.250.000 EUR.  

Más transparencia en el horizonte

Otros países están siguiendo los pasos de Europa en este intento por reforzar la transparencia. Según un reciente estudio, treinta y cuatro jurisdicciones de todo el mundo cuentan ya con leyes en materia de registro de la titularidad real, a las cuales se unirán otras once, entre ellas las Islas Bahamas, antes de 2020. En la mayoría de los casos, estos registros son de acceso público.

Contacte con nuestros expertos

GLOBAL  
Geneva  Céline Cottet